Control de alcohol
Las proyecciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el consumo de alcohol en 2025 indican un aumento a nivel mundial y en las Américas Sugiriendo que no se alcanzará el objetivo del plan mundial de Enfermedades no Transmisibles ni la meta 3.4 (Acabar las muertes prematuras por enfermedades crónicas) y 3.5 (Prevención y tratamiento del consumo de sustancias psicoactivas) de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a menos que se tomen medidas efectivas de inmediato.
El alcohol como problema de salud pública y derechos humanos
El consumo de alcohol es uno de los principales factores de riesgo prevenibles para la salud pública en las Américas. Está causalmente vinculado a más de 200 enfermedades y condiciones incluyendo siete diferentes cánceres, enfermedades cardio y cerebrovasculares, síndrome metabólico, trastornos de salud mental, siniestros viales, y violencia interpersonal y de género.
Sus impactos van más allá de quienes consumen: afectan a terceros, sobrecargan los sistemas de salud y protección social, y generan elevados costos sociales y económicos. En la región, el consumo per cápita supera el promedio mundial y los patrones de consumo episódico excesivo son particularmente altos.
El alcohol también profundiza desigualdades. Las poblaciones en situación de vulnerabilidad, mujeres, niñas, niños y adolescentes sufren daños desproporcionados
Por tratarse de un producto no esencial cuyos daños superan ampliamente cualquier beneficio económico, su control es una medida clave para proteger el derecho a la salud, promover la equidad y avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Datos clave:
Consumo per cápita en las Américas (2019): 7,5 litros de alcohol puro por persona adulta, muy por encima del promedio mundial (5,4 litros).
Se estima que 11,2 % de las mujeres en las Américas consumieron alcohol durante el embarazo.
9 de 19 países analizados presentan niveles de consumo superiores al promedio global.
Países con mayor consumo per cápita: Argentina (8 litros) y Brasil (7 litros).
11,3 % del alcohol consumido no es registrado, con cifras especialmente altas en Bolivia (27 %), lo que dificulta el control estatal.
A pesar de la magnitud del problema, las políticas de control del alcohol en América Latina siguen siendo fragmentadas, débiles y mal implementadas. Desde la adopción de la Estrategia Mundial de la OMS sobre alcohol en 2010,.y luego , en el 2018, el lanzamiento de SAFER, una iniciativa y un paquete técnico de la Organización Mundial de la Salud, que apoya a los gobiernos a reducir el consumo de alcohol y las consecuencias relacionadas en salud, sociales y económicas, pocos países han avanzado de manera sostenida en medidas regulatorias efectivas.
La mayoría de las regulaciones existentes son parciales o dependen de la autorregulación de la industria, con aplicación limitada en áreas clave: publicidad y marketing digital, impuestos, disponibilidad física del alcohol y conducción bajo sus efectos.
A esto se suman barreras estructurales: falta de recursos, debilidad en los sistemas de monitoreo, escasa coordinación intersectorial y, la interferencia de la industria del alcohol en el diseño e implementación de políticas públicas.
De mantenerse las tendencias actuales, la región no alcanzará la meta internacional de reducir en un 20% el consumo de alcohol para 2030.
Alcohol y derechos humanos
El consumo de alcohol no es solo un problema sanitario individual: afecta de manera estructural el ejercicio de derechos fundamentales y profundiza desigualdades preexistentes. Como sustancia psicoactiva no esencial, genera daños prevenibles que los Estados tienen la obligación de prevenir, regular y mitigar, conforme a sus compromisos en materia de derechos humanos, salud pública y desarrollo sostenible.
Derecho a la salud
El alcohol, causalmente vinculado a más de 200 enfermedades, sobrecarga y debilita a los sistemas de salud.. Los Estados tienen la obligación de adoptar políticas regulatorias eficaces para reducir factores de riesgo prevenibles. La falta de políticas públicas , limita el acceso equitativo a la salud y a servicios de prevención y tratamiento, vulnerando así, el derecho a la salud de las personas.
Derechos de niñas, niños y adolescentes
La exposición temprana al consumo,incentivada por el marketing y la normalización social, incrementa el riesgo de consumo y dependencia en las infancias en etapas posteriores. Además, el consumo de alcohol por adultos está vinculado a violencia intrafamiliar, lo que afecta principalmente a niñas, niños y adolescentes. Los Estados tienen la obligación reforzada de proteger el interés superior del niño, lo que exige restringir integralmente la publicidad y promoción del alcohol, especialmente en entornos digitales.
Desigualdades socioeconómicas y de género
Los daños del alcohol no se distribuyen de manera equitativa. A igual nivel de consumo, las personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica enfrentan consecuencias más graves por su menor acceso a salud, protección social y justicia.
En términos de género, aunque los hombres consumen más, las mujeres enfrentan impactos desproporcionados: el alcohol está estrechamente vinculado a la violencia de género y su consumo durante el embarazo genera daños graves y permanentes al niño/a. El marketing dirigido a mujeres y adolescentes normaliza el consumo sin visibilizar sus riesgos.
Existe amplia evidencia internacional sobre políticas costo-efectivas que reducen el consumo de alcohol y los daños asociados. La OMS las sintetiza en el paquete SAFER, que identifica cinco áreas prioritarias de intervención:
- Restringir la disponibilidad del alcohol, mediante límites a horarios y lugares de venta, control efectivo de la edad mínima y prohibición de prácticas como promociones de alcohol gratuito.
- Fortalecer y hacer cumplir las leyes contra la conducción bajo los efectos del alcohol, con límites de alcoholemia acordes a los estándares internacionales y mecanismos efectivos de control y sanción.
- Ampliar el acceso al tamizaje, las intervenciones breves y el tratamiento de los trastornos por consumo de alcohol, integrándose de forma sistemática en la atención primaria de salud.
- Prohibir o restringir de manera integral la publicidad, promoción y patrocinio del alcohol, incluyendo el marketing digital y el uso de influencers, para proteger especialmente a niñas, niños y adolescentes y desnormalizar su consumo.
- Aumentar los impuestos y los precios del alcohol, mediante sistemas tributarios bien diseñados y actualizados por inflación, reduciendo su asequibilidad y generando recursos para la salud pública.
Estas políticas son más efectivas cuando se implementan de forma integral, con enfoques de género y equidad, y con una participación activa de la sociedad civil para contrarrestar la influencia de la industria del alcohol y garantizar que las decisiones públicas prioricen la salud pública y el interés público.
A pesar de la sólida evidencia sobre los daños del consumo de alcohol y de la existencia de recomendaciones internacionales claras, la respuesta de política pública en América Latina sigue siendo insuficiente, fragmentada y débilmente implementada.
- Solo 9 de los 19 países analizados en América Latina cuentan con una política nacional sobre alcohol.
- Apenas 2 países —Colombia y México— reportaron disponer de un plan nacional para la implementación de dicha política.
- Ningún país de la región ha desarrollado:
- Guías nacionales de abordaje al consumo de alcohol basadas en evidencia.
- Una definición oficial de “unidad estándar de bebida”, herramienta clave para el etiquetado, la regulación, las guías clínicas y las campañas de información pública.
En la mayoría de los países, las políticas existentes presentan importantes vacíos:
El tamizaje, las intervenciones breves y el tratamiento del consumo problemático no están integrados de manera sistemática en los sistemas de salud.
Las regulaciones sobre publicidad, promoción y patrocinio del alcohol son mayoritariamente parciales y no cubren de forma integral el marketing digital ni el uso de redes sociales e influencers.
Los impuestos al alcohol suelen ser bajos, mal diseñados o no ajustarse por inflación, lo que mantiene alta su asequibilidad. Esto hace que el impacto en el consumo y en la protección de la salud pública no se vea reflejado.
Las leyes sobre conducción bajo los efectos del alcohol existen en muchos países, pero su aplicación es limitada y desigual.
ALIANZA LATINOAMERICANA DE ACCIÓN SOBRE ALCOHOL (ALASA)
En noviembre de 2024, líderes y defensores de la sociedad civil de toda América Latina se reunieron en Bogotá, Colombia, para lanzar la Alianza Latinoamericana de Acción sobre Alcohol (ALASA).Con el apoyo de FORUT, el evento reunió a participantes de diversos sectores y países para compartir experiencias, alinear estrategias y fortalecer los esfuerzos para reducir los daños relacionados con el consumo de alcohol. Asistieron representantes de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Guatemala, Costa Rica, Colombia y México. Durante dos días, los/las asistentes trabajaron en conjunto para definir prioridades, abordar desafíos y promover acciones colectivas en favor del control del alcohol.
