A pesar de la magnitud del problema, las políticas de control del alcohol en América Latina siguen siendo fragmentadas, débiles y mal implementadas. Desde la adopción de la Estrategia Mundial de la OMS sobre alcohol en 2010,.y luego , en el 2018, el lanzamiento de SAFER, una iniciativa y un paquete técnico de la Organización Mundial de la Salud, que apoya a los gobiernos a reducir el consumo de alcohol y las consecuencias relacionadas en salud, sociales y económicas, pocos países han avanzado de manera sostenida en medidas regulatorias efectivas.

La mayoría de las regulaciones existentes son parciales o dependen de la autorregulación de la industria, con aplicación limitada en áreas clave: publicidad y marketing digital, impuestos, disponibilidad física del alcohol y conducción bajo sus efectos.

A esto se suman barreras estructurales: falta de recursos, debilidad en los sistemas de monitoreo, escasa coordinación intersectorial y, la interferencia de la industria del alcohol en el diseño e implementación de políticas públicas.

De mantenerse las tendencias actuales, la región no alcanzará la meta internacional de reducir en un 20% el consumo de alcohol para 2030.